Desde el momento en que el movimiento sindical tomó conocimiento de la tragedia de la mina San José, ha estado en permanente vigilancia del desarrollo de los acontecimientos.
En tal sentido, otorgamos nuestro mayor respaldo y solidaridad a las acciones emprendidas por el Sindicato Nº 2 de Minera San Esteban, las familias de los compañeros atrapados y a las familias de todas las víctimas de accidentes del trabajo.
Desde este punto de vista, exigimos del Estado garantizar la seguridad social y condiciones económicas que aseguren la sobrevivencia de las familias de las víctimas del derrumbe en la mina San José.
Convocadas por la tragedia, que a diez días de sucedida, todavía tiene a 33 de nuestros hermanos atrapados en la mina San José, las organizaciones que suscriben se reunieron en asamblea el viernes 13 de agosto en la Universidad de Atacama, en la ciudad de Copiapó, tras lo cual acordaron hacer público el siguiente comunicado.
1.- Teniendo en cuenta la tragedia que nos convoca, las organizaciones sindicales participantes consideran impostergable e ineludible mejorar de manera radical las condiciones de seguridad en que se desenvuelven las faenas mineras en Chile.
Para ello proponemos las siguientes medidas inmediatas:
1.1.- Exigir que el Estado de Chile ratifique de forma inmediata el Convenio 176 de la OIT, y las Recomendación 183, sobre Seguridad y Salud en las Minas.
La ratificación de este convenio y sus recomendaciones tiene los siguientes efectos:
- Incorpora en la legislación nacional, con categoría constitucional, las normas sobre seguridad y salud en el trabajo minero, las que además de estar contenidas en diversas normas con rango de ley, gozarán también de protección constitucional, estando facultado el eventual perjudicado a utilizar los mecanismos previstos en este convenio en materia de protección de derechos de alcance constitucional.
-Genera en el Estado la exigencia de contar con mecanismos que impulsen la protección de las normas previstas en el Convenio, puesto que la OIT se convierte en un sujeto que cuenta con capacidad de fiscalizar las acciones del Estado chileno para impulsar la adecuada ejecución del Convenio 176 y sus recomendaciones.
-Le entrega a los trabajadores relevantes derechos de participación en una materia en la que son los principales involucrados, incluido el derecho de paralizar faenas que representen riesgos evidentes.
1.2.- Exigir al Estado chileno que dote de atribuciones y recursos a las instituciones supervisoras y los organismos reguladores dependientes de los Ministerios; tales como el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social, las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y los gobiernos regionales.
Sin atribuciones y recursos, la actuación de esta institucionalidad no pasa de los gestos formales que agravan las injusticias, mientras que las leyes de la República no son más que letra muerta.
Por de pronto, según reconocen los propios funcionarios de SERNAGEOMIN, este servicio no cuenta con un número apropiado de fiscalizadores, lo cual impide desarrollar una acción preventiva y de vigilancia cercana a la actividad minera, como lo establece inequívocamente el Código de Minería y el Reglamento Minero.
1.3.- Esta asamblea ha determinado que se hace indispensable establecer con claridad las responsabilidades involucradas en todos los niveles, y espera que las sanciones sean ejemplarizadoras, incluidas aquellas de carácter criminal, de forma que contribuyan a evitar la repetición de siniestros como el que nos convoca.
2.- La asamblea entiende que el siniestro de la mina San José es una consecuencia largamente denunciada por los trabajadores, de un sistema económico y una legislación que pone en el centro la rentabilidad privada sobre la vida, los derechos y la salud de la clase trabajadora, precisamente la que genera esa rentabilidad.
La asamblea consideró que la situación no podrá ser modificada sin cambios de fondo en el actual marco legal e institucional.
La asamblea concordó en la necesidad de los siguientes cambios de fondo:
2.1.- Derogación de la actual legislación laboral, heredada de la dictadura, y su reemplazo por otra que regule a favor del trabajo, en lugar del capital.
Como paso intermedio, la asamblea acordó exigir del Estado el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, en lo que dice relación con la sindicalización, el derecho a huelga y la negociación colectiva.
2.2.- Una Política Nacional de Desarrollo Minero que contemple como primer punto la renacionalización de los recursos mineros.
La renacionalización de éstos, y en primer lugar del cobre, significa distribuir con criterio de equidad social un recurso que pertenece a todos los chilenos e invertir sus excedentes en diversificación desarrollo productivo sustentable en el largo plazo. No es una utopía, porque el Presidente Salvador Allende lo logró tras una batalla que tomó cincuenta años.
Con una Política Nacional de Desarrollo Minero, una tragedia como la de la mina San José no podría tener lugar, porque el Estado tendría tuición sobre una mediana minería gestionada con responsabilidad, con eficiencia y con criterio social.
Con una Política Nacional de Desarrollo Minero se reducirían las dificultades que hoy vive la minería artesanal, al tiempo que se habría evitado el cierre de los yacimientos carboníferas en el Golfo de Arauco.
2.3.- Tanto la renacionalización del cobre como la derogación de la legislación laboral no son posibles dentro del actual marco legal e institucional.
La asamblea consideró que para producir el cambio es ineludible una Asamblea Constituyente que abra paso a una nueva Constitución, democráticamente discutida y sancionada.
La asamblea entiende que se trata de procesos que sólo pueden ser impulsados por mayorías políticas amplias, en el marco de procesos políticos de largo aliento, en los que coexistan las reformas que sea posible hacer en lo inmediato, siempre orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, con la acumulación de fuerza para emprender los cambios de fondo, tan pronto la correlación lo permita.
En ese transitar, la asamblea estimó reforzar plataformas programáticas que contienen estas propuestas, como el Pliego de Chile, impulsado por la CUT.
3.- La asamblea consideró indispensable dotarse de un plan de movilización, para difundir este programa y defender los derechos de los trabajadores, amenazados por un Gobierno que se propone profundizar el perfil empresarial de gestión y el sistema económico neoliberal.
Plan supone articulación y horizonte estratégico. La asamblea considera que no basta con acciones puntuales, que se agoten una vez producidas.
Se trata de concebir un plan que por un lado, sea capaz de sustentarse en el tiempo, y que por otro, sea realista, en el sentido de considerar las diversas capacidades, volúmenes y condiciones de las distintas organizaciones.
Cabe consignar que el plan de acción y movilización considerado por esta asamblea no excluye la posibilidad de participar en convocatorias a un paro nacional.
Articulación supone coordinación con otros sectores afectados de distintas maneras por el mismo modelo, lo que esta asamblea considera fundamental. Sin ir más lejos, hoy en el país se están movilizando los funcionarios públicos, los trabajadores de la salud, los profesores, los trabajadores de la educación y los estudiantes. Los funcionarios públicos están en disposición de convocar un paro nacional en el curso del mes de agosto. Las organizaciones que lo estimen conveniente, pueden adherir de diversas formas a esa movilización.
La asamblea consideró que para difundir sus propuestas y coordinar sus acciones, es fundamental romper el bloqueo informativo.
Un camino viable es coordinar y compartir contenidos entre las diversas plataformas de comunicación electrónica que dispone la mayoría de los sindicatos y organizaciones participantes en la asamblea, de forma de ir conformando una amplia red social de comunicaciones, de alcances cada vez más vastos.
4.4.- La asamblea, de forma respetuosa, pero con firme convicción, acordó avanzar hacia formas crecientemente avanzadas de coordinación y articulación entre las organizaciones representadas.
La asamblea entiende que la unidad entre organizaciones de distinto tamaño, fines e intereses, es un proceso complejo. Pero nada impide mejorar la coordinación, para por ejemplo, responder con fuerza ante los atropellos a los derechos de los trabajadores, o una tragedia como la que la convocó.
En ese sentido, la asamblea informa con satisfacción, que uno de los principales acuerdos de la misma, fue la generación de una instancia de coordinación, que se propone reunirse en forma periódica, y por lo pronto, en el próximo encuentro de la minería, el 28 y 29 de agosto, en Antofagasta.
Llamamos al conjunto de organizaciones sindicales y sociales a hacer efectivas estas resoluciones y comprometer nuestro mayor esfuerzo para avanzar en mejores derechos y justicia para el mundo del trabajo.
Copiapó
13 de agosto de 2010
Organizaciones Participantes:
CUT Provincial Copiapó
CUT Provincial Chañaral
CUT Provincial Huasco
CUT Nacional
Sindicato de Trabajadores Nº2 de Compañía Minera San Esteban Primera,
Confederación Minera de Chile,
Federación Minera de Chile,
Federación de Trabajadores del Cobre,
Federación de ENAMI
Confederación de Trabajadores del Cobre
Federación de Sindicatos Holding JGG
Sindicato de Pirquineros de Copiapó
Sindicatos EMELAT,
AFUDA,
ANEF Región de Atacama,
Colegio de Profesores,
CONFUSAM
Federación de Estratégica de Atacama
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